La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el 23 de septiembre de 2026 al gobierno del Estado de México adoptar medidas inmediatas para frenar el hacinamiento en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca, en Ciudad Nezahualcóyotl, que alberga a 5,823 internos en un recinto diseñado para 1,834 espacios, una sobrepoblación de 217.5 por ciento.
El Pleno resolvió por unanimidad el amparo promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, según La Jornada. La capacidad instalada y el número de internos provienen de reportes oficiales citados en el proyecto de sentencia; el nivel reportado rebasa el umbral crítico de 120 por ciento que fija la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Universal consigna una sobrepoblación absoluta de 3,989 personas. El hacinamiento en ese centro está documentado desde 2001.
El ministro ponente Giovanni Figueroa Mejía sostuvo durante la sesión que "el hacinamiento se equipara a tratos crueles, inhumanos y degradantes". La ministra Yasmín Esquivel Mossa planteó: "Las personas pierden su libertad como consecuencia de un proceso penal o una sentencia, pero no su dignidad humana. Las dificultades administrativas o presupuestarias no pueden convertirse en una pena adicional para quienes ya están pagando la que les impuso una sentencia judicial".
El fallo obliga a las autoridades mexiquenses a elaborar en un plazo máximo de seis meses un plan multidisciplinario e interinstitucional, con informes trimestrales de avance ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. El plan contempla beneficios preliberacionales y traslados, y da vista a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y a la defensoría pública estatal. Capital Edomex reportó que las propias autoridades estatales reconocieron un nivel de sobrepoblación de 236.26 por ciento.
El plazo para el plan vence en marzo de 2027 y el primer informe trimestral corresponde al cierre de 2026. La gobernadora Delfina Gómez, la Secretaría de Seguridad estatal, la Subsecretaría de Control Penitenciario y la dirección del centro deben acreditar ante el juzgado qué acciones ejecutaron en cada periodo.
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