El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad el 21 de octubre de 2026 reformas al Código Penal estatal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que sancionan la violencia ácida o química contra mujeres, niñas y adolescentes con penas de hasta 36 años de prisión.
El dictamen establece de 8 a 15 años de cárcel y multa de 200 a 500 días para quien lesione dolosamente a una mujer con ácidos o sustancias corrosivas, cáusticas o inflamables. La pena sube de 12 a 20 años cuando el ataque causa desfiguración permanente en cara, cabeza, cuello, mamas o genitales, o la pérdida definitiva de la función de un órgano o un sentido. El máximo de 36 años resulta de sumar las agravantes al delito base de lesiones, que prevé hasta seis años cuando hay peligro para la vida, según El Universal Edomex. En la sesión, la diputada Paola Jiménez Hernández afirmó que entre enero y octubre de 2025 se registraron 393 víctimas de violencia ácida o química en México; en más de la mitad de los casos el agresor era la pareja.
La reforma unificó cuatro iniciativas: dos de las diputadas Zaira Cedillo Silva y Nelly Brígida Rivera Sánchez, una del grupo parlamentario del PRD y una ciudadana de la Fundación Carmen Sánchez, integrada por sobrevivientes de ataques químicos. Las comisiones legislativas aprobaron el dictamen el 28 de septiembre, según CIMAC Noticias. El texto incorpora la violencia ácida como agravante del delito de lesiones y no como tipo penal autónomo, una diferencia señalada por activistas y legisladores.
“Con esta iniciativa, el Estado de México asume su responsabilidad para coordinar a las instituciones de salud, justicia y desarrollo social para que ninguna agresión se quede impune», dijo la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez al leer el dictamen, de acuerdo con Capital Edomex. El documento obliga al estado a garantizar atención médica continua, cirugías reconstructivas, prótesis y compensación por lucro cesante, y a perseguir el delito de oficio. La legisladora Araceli Casasola Salazar, del PRD, cuestionó que el dictamen recogió sólo parcialmente la propuesta de la Fundación Carmen Sánchez y anunció otra iniciativa de su bancada para completar las reformas.”
Falta la publicación del decreto en la Gaceta de Gobierno estatal para que las penas entren en vigor. Las secretarías de Salud y de Justicia del Edomex quedan obligadas a coordinar la atención de las víctimas, mientras el Congreso mexiquense tiene pendiente la iniciativa anunciada por el PRD.
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