Diez cateos simultáneos en inmuebles de Atlacomulco, Jiquipilco, Jocotitlán, Calimaya y Naucalpan, en el Estado de México, ejecutados el 15 de noviembre de 2026, dejaron cuatro personas detenidas y alrededor de 15,750 litros de gas LP asegurados, según el comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad que retomaron La Jornada y N+.
El reporte oficial detalla el aseguramiento de 36 unidades de transporte pesado: 14 tractocamiones, ocho semirremolques, siete cajas secas, cuatro dollys, dos pipas, dos camiones tipo rabón, tres vehículos y un tanque estacionario. También se localizaron cuatro armas cortas, 80 cartuchos, ocho cargadores y un dron, además de equipos de cómputo, teléfonos celulares y documentación. La Jornada consignó 15,705 litros; el comunicado conjunto reporta 15,750.
La indagatoria comenzó en 2025 contra una organización dedicada a la extracción, traslado y comercialización ilícita de hidrocarburos, presuntamente encabezada por Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, detenido ese año. Las autoridades sostienen que, tras esa captura, integrantes de la estructura continuaron con el traslado y la venta ilegal de gas LP, el producto que la red movía en las pipas y el tanque estacionario asegurados. En los operativos participaron la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, Seguridad Física de Pemex y el Centro Nacional de Inteligencia, coordinados con autoridades locales.
Entre los detenidos está Jacobo “N”, quien tenía una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada; la identidad de los otros tres quedó bajo reserva ministerial. De acuerdo con la revisión de la carpeta de la Fiscalía General de la República que difundió Reforma, la red pagaba 25 mil pesos semanales a un funcionario de inteligencia de Pemex por información sobre operativos, un acuerdo registrado en la llamada identificada como “evento 800”. El reporte, retomado por El Imparcial, menciona tres sobres con 55 mil pesos entregados a un agente del Ministerio Público federal, a un policía municipal y a personal de Pemex, y una carpeta con cerca de 2,000 audios de intervenciones telefónicas legales. En una de esas conversaciones, un integrante advierte: “que les hablaron los de la Fiscalía General de la República para una presentación”.
El Ministerio Público Federal definirá si los cuatro detenidos quedan vinculados a proceso; la carpeta abierta en 2025 sigue vigente y cubre a los operadores que mantuvieron la venta de gas LP robado en cinco municipios mexiquenses.
Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes locales verificadas y revisada por un editor humano antes de publicarse.